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O CORRESPONDENTE

Por que o brasileiro continua um analfabeto político? Como conviver com a ameaça de uma intervenção militar? Este Correspondente tenta buscar respostas na leitura dos jornais

Por que o brasileiro continua um analfabeto político? Como conviver com a ameaça de uma intervenção militar? Este Correspondente tenta buscar respostas na leitura dos jornais

O CORRESPONDENTE

12
Mar21

BOLIVIA Entre la muerte y la esperanza

Talis Andrade

Bolívia: o golpe visto em profundidade - Outras Palavras

En Bolivia se está en presencia de una abierta lucha ideológica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los métodos más siniestros de la guerra sucia, donde los medios de comunicación cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos […]

En Bolivia se está en presencia de una abierta lucha ideológica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los métodos más siniestros de la guerra sucia, donde los medios de comunicación cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Un reporte desde la Paz del enviado especial de Azkintuwe.

Conmoción es la palabra que puede describir el ambiente que se vive por estos días en Bolivia. Mientras se van conociendo los detalles de la masacre de «El Porvenir» ubicado en el oriental Departamento de Pando, la indignación se ha tomado la capital del país andino, donde miles de personas recorren sus calles exigiendo justicia. La cantidad de muertos ha variado mientras siguen llegando detalles de la masacre. Los cuerpos encontrados hasta el momento suman 20 y presentan señales de tortura, descuartizamiento y estrangulamiento. De acuerdo a datos oficiales se calcula en 100 los desaparecidos al interior del monte, entre ellos niños y mujeres. Los informes hablan además de fosas comunes que fueron hechas para ocultar los crímenes.

Decenas de heridos no han podido acceder además a los centros de salud por el temor de ser agredidos por los «cívicos». Los sobrevivientes aterrorizados relataron a los medios que muchos niños fueron lanzados al río y no será posible encontrarlos por la presencia de pirañas. Un detalle macabro de lo acontecido en «El Porvenir» el pasado 11 de septiembre es que la mayoría de los muertos son dirigentes indígenas, rematados en su gran mayoría con un disparo a quemarropa en el corazón. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dueño del 70 por ciento de las tierras del departamento, es el principal inculpado. Su accionar fue más el de un terrateniente defendiendo sus bienes que de una autoridad.

Fernández es lejos el principal opositor al proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Evo Morales. Está acusado de financiar, apoyar y promover escuadrones de la muerte, entre los cuales se encuentran ciudadanos brasileños, peruanos y colombianos, llevados a la zona para luchar en contra de campesinos indígenas que reivindican sus territorios históricos. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. Aun así, se le han brindado todas las garantías de un debido proceso. La televisión lo muestra hablando ante la prensa con la confianza de que saldrá victorioso de esta acusación; lo ha visitado incluso una Comisión de la ONU para conocer su estado de salud. La Iglesia de Santa Cruz se dispone a realizar una misa a su favor y también para orar por los otros inculpados. Frente a ello, resulta inconcebible para un observador externo el abandono que estas mismas instancias hacen de las víctimas.

A esta situación se suma la persecución general a las organizaciones indígenas del oriente boliviano, quienes se han declarado en clandestinidad. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) denunció la constante agresión y amenazas de muerte a mujeres e hijos e hijas de dirigentes. Pero a pesar de la situación de agresión que han sufrido, la organización reiteró su «vocación de vivir con paz y dignidad». Actualmente se mantienen tomadas las instituciones públicas de varios departamentos de la media luna y paulatinamente se liberan los aeropuertos. Sin embargo, la situación se mantiene en tensión a pesar de los esfuerzos por posicionar una mesa de dialogo. Sobre 20 mil campesinos indígenas mantienen bloqueados los accesos a Santa Cruz exigiendo se entreguen las dependencias oficiales. Muchas de las instituciones tomadas son aquellas que catastran las tierras usurpadas y cuyos documentos han ido paulatinamente desapareciendo.

Si bien en un comienzo la oposición había condicionamiento el diálogo a la liberación del prefecto Fernández, la presión nacional e internacional, incluido el potente respaldo de UNASUR al gobierno constitucional de Morales, pudo crear las condiciones para que el diálogo se iniciara finalmente en Cochabamba. La actitud de la oposición molestó de sobremanera a las organizaciones sociales, quienes en los últimos días se han volcado a las calles dejando en claro que una cosa es el diálogo político y otra la responsabilidad criminal de Fernández. El propio Evo Morales instó este sábado al Poder Judicial a cumplir su rol constitucional sancionando a los responsables de las actos terroristas contra las entidades del Estado y de la masacre en el departamento de Pando. «Lo que pasó en Pando es algo totalmente inhumano, imperdonable. Yo quiero pedir a la justicia boliviana realmente hacer justicia, que escuchen lo que pide el pueblo», instó el Mandatario.

Morales señaló que el tercer Poder del Estado tiene que proteger el Estado de derecho, pues afirmó que existen pruebas sobre el crimen de lesa humanidad por el que se inició una investigación al ex prefecto pandino. Dijo que basta escuchar los testimonios de las decenas de heridos y familiares de las víctimas de esa matanza. «El poder en base a la plata y las armas no es la solución para los pueblos de esa región y del país en general», remarcó en alusión a la anterior administración en Pando. También pidió a las autoridades judiciales abrir procesos contra las personas involucradas en la toma de instituciones públicas y sabotajes a plantas distribuidoras de energéticos en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. La guerra comunicacional

Los medios de comunicación, manejados en su mayoría por la oposición, se han volcado a defender los derechos del prefecto de Pando, dando espacios a líderes de la oposición blanca para que denosten e injurien sin contrastar ninguna de las afirmaciones que estos realizan. Declaraciones que en otros regímenes democráticos podrían significar sendas querellas por injurias, en Bolivia no generan la menor preocupación en los editores de medios. La consigna pareciera ser «mentir, mentir que algo queda». En la prensa escrita, por citar un caso, no hay mención alguna a los derechos de los masacrados, no se realizan coberturas desde el lugar de los hechos, no se publican los listados oficiales de heridos, desaparecidos y muertos, menos aun posible encontrar galerías de imágenes de lo acontecido. ¿Puede avanzar la refundación de Bolivia sin plantearse Morales disputar la hegemonía de la prensa opositora? La pregunta ronda en el ambiente.

Los nudos de argumentación de los grandes medios denuncian una manipulación manifiesta de los hechos y datos entregados por el gobierno. Se afirma desde la oposición que el prefecto no podría haber sido detenido, pues fue elegido «por el voto popular». ¿Desde cuándo ser electo democráticamente garantiza a las autoridades impunidad para cometer crímenes? Por otro lado se deja en entredicho la responsabilidad del estado nacional para prevenir y cautelar el derecho de las personas que estaban siendo masacradas, una acusación a todas luces surrealista. La oposición a transformado al prefecto Fernández en su arma de lucha, esgrimiendo argumentos jurídicos que distan mucho de instrumentos internacionales que castigan el genocidio. Apoyados por instituciones como el Colegio de Abogados, de marcado sesgo ideológico anti Evo Morales, argumentan hoy una serie de supuestos delitos cometidos por el gobierno en la pasada crisis. El diablo vendiendo cruces.

En Bolivia se está en presencia de una abierta lucha ideológica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los métodos más siniestros de la guerra sucia, donde los medios cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Otro actor y en absoluto secundario en la crisis lo constituye el gobierno de George Bush. Por ello, en los últimos días, un grupo de 90 líderes académicos de todo Estados Unidos demandó que Washington revele los nombres de los grupos de oposición que financia en Bolivia. Y que corte ese apoyo económico a aquellos que fomenten la violencia en contra del Gobierno constitucional. La misiva fue entregada este sábado a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, con copia al embajador Philip Goldberg, declarado «persona non grata» y expulsado de Bolivia hace ocho días. También se remitió a los candidatos presidenciales Barack Obama (Demócrata) y John McCain (Republicano).

En la misiva, los académicos pidieron que Estados Unidos «condene sin equívoco los métodos violentos, destructivos y antidemocráticos empleados por miembros de la oposición ‘pro-autonomía’ en Bolivia» y cese cualquier tipo de apoyo a grupos que fomenten la violencia en ese país. Los académicos señalan que tanto los contribuyentes estadounidenses, como el Gobierno y el pueblo de Bolivia, «tienen derecho a saber qué fondos estadounidenses están ayudando a Bolivia». Destacaron en particular que los recientes actos de violencia parecen ser una respuesta organizada de grupos de oposición que intentan lograr lo que no pudieron en las urnas durante el referendo nacional del pasado 10 de agosto. La carta incluye firmas de 90 académicos de universidades como Harvard University, American University, Duke University, Johns Hopkins University, University of California-Davis, Queens College, New York University, y Purdue, entre otras .

20
Fev21

O desprezo do lavajatismo pelo processo penal na democracia

Talis Andrade

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Por Danilo Pereira Lima

O processo penal é uma boa chave de análise da qualidade de uma democracia. Por meio dele podemos avaliar de que forma o Estado se relaciona com a liberdade de seus cidadãos, qual é a eficácia dos direitos e garantias fundamentais e se a persecução penal é feita na perspectiva do Estado de Direito.

Diante disso, se encontramos nos órgãos jurisdicionais uma forte cultura inquisitória, podemos constatar que o Estado mantém uma relação autoritária com os indivíduos, no sentido de vê-los muito mais como inimigos do que como cidadãos.

Por outro lado, se os órgãos jurisdicionais veem o processo penal como uma garantia do acusado e exercem sua função institucional dentro dos limites do sistema acusatório, podemos concluir que a interdição penal — necessária para o processo civilizatório — acontece dentro dos parâmetros do Estado de Direito.

Com base nesse critério, podemos observar que infelizmente a situação não é muito boa para o Brasil. Em tempos de lavajatismo, e após a divulgação das conversas entre o juiz Sergio Moro e "seus" procuradores da República, o lado mais sombrio do Estado brasileiro tornou-se ainda mais explícito: muitos juízes e membros do Ministério Público persistem numa posição de desprezo pelo Estado de Direito.

Apesar da promulgação de uma Constituição que rompeu com 21 anos de ditadura militar, ainda permanece a noção de que o acusado deve ser tratado não a partir dos limites estabelecidos por seus direitos e garantias fundamentais, mas sim como inimigo do Estado. Uma noção sempre utilizada por regimes de exceção e que, antes do paradigma constitucional instaurado em 1988, se fez presente por meio da doutrina de segurança nacional. Por sinal, foi com base nessa doutrina que a ditadura militar suspendeu a garantia do Habeas Corpus para pessoas enquadradas na Lei de Segurança Nacional.

Passaram-se muitos anos desde a aprovação do Ato Institucional nº 5 e o país se redemocratizou. O ministério Público deixou de ser um mero auxiliar do Poder Executivo e tornou-se fiscal da lei. O Poder Judiciário reconquistou sua autonomia funcional. Mas o entendimento de que os direitos e garantias fundamentais não passam de meros detalhes permaneceu entre alguns agentes públicos. Foi o que os procuradores federais da lava jato manifestaram em diálogos pelo Telegram logo após a divulgação ilegal da interceptação telefônica das conversas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff.

Diante do vazamento, o procurador Januario Paludo sustentou que a ilegalidade da divulgação não passava de filigrana jurídica. Opinião seguida por Deltan Dallagol ao defender que, "a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político". Ou seja, no tratamento oferecido ao inimigo, ilegalidades podem ser praticadas.

Em regimes democráticos, o sistema acusatório determina que a acusação e o órgão jurisdicional atuem de forma separada, de maneira a garantir a imparcialidade do juiz no julgamento do processo penal. Nos tempos da "Santa" Inquisição, a mesma pessoa encarregava-se do julgamento, da investigação e da acusação. Sem esquecer, é claro, do uso da tortura como um meio para obter a confissão do acusado. O tempo da fogueira inquisitorial passou, mas a operação lava jato não abriu mão do sistema inquisitório nas suas intenções quase "messiânicas" de guerra "santa" contra a corrupção.

Em vez do Ministério Público Federal atuar com independência ao longo das investigações, o que se viu foi a total subserviência dos procuradores em relação ao verdadeiro chefe da operação, o juiz Sergio Moro. Em muitas mensagens os procuradores afirmavam que, antes de tomarem alguma posição, o juiz Moro precisava ser consultado.

Foi o caso da mensagem do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que em conversa com seus colegas confidenciou a preocupação de manter "o russo [Sergio Moro] informado, bem como [permanecer] atento aos humores dele". Nesse sentido, o órgão jurisdicional e o ministério público deixaram de ser instituições separadas, com autonomia funcional, para atuarem como se fossem um mesmo órgão sob a chefia do juiz Moro.

Para que o juiz permaneça na posição de expectador durante todo o processo, também é importante garantir que a gestão das provas permaneça sob a responsabilidade exclusiva das partes. Sempre levando em consideração a presunção de inocência, que no caso transfere para o acusador toda a responsabilidade pelo ônus da prova. Se no decorrer do processo penal as provas para a condenação são insuficientes, prevalece o princípio do in dubio pro reo.

Não cabe ao juiz produzir provas ou orientar como as partes devem usá-la. No entanto, apesar das limitações impostas pela Constituição, o juiz Moro mais uma vez abandonou a imparcialidade para determinar que o ministério público devia incluir uma prova contra um réu da lava jato. De acordo com as conversas do Telegram, Deltan comunicou a procuradora Laura Tessler que o juiz Moro havia chamado a atenção para a ausência de uma prova na denúncia contra Zwi Skornicki.

"Laura no caso do Zwi, Moro disse que tem um depósito em favor do [Eduardo] Musa [da Petrobras] e se for por lapso que não foi incluído ele disse que vai receber amanhã e dá tempo. Só é bom avisar ele", diz Deltan.

"Ih, vou ver", responde a procuradora. 

No dia seguinte a esse diálogo, a procuradoria incluiu um comprovante de depósito e o juiz Moro aceitou a denúncia.

A operação "lava jato" não foi um ponto fora da curva. O juiz Sergio Moro e "seus" procuradores seguiram a tendência dominante dentro do processo penal brasileiro, baseada na cultura inquisitória. Mas, além do comportamento Torquemada de muitos juízes e promotores, o que também é possível atestar por meio da permanência da cultura inquisitória é a resistência de muitos agentes públicos contra qualquer controle constitucional de suas funções. Sendo assim, em vez do processo penal ser compreendido como uma garantia de que o acusado terá um julgamento justo da parte do órgão jurisdicional do Estado; o que se percebe é que, nas mãos de quem vê os direitos e garantias fundamentais como meras filigranas jurídicas, o processo penal é apenas um instrumento de poder e repressão, numa noção típica de agentes públicos que resistem ao Estado de Direito por meio do mandonismo.

Desse modo, ao medir a qualidade da democracia brasileira por meio do processo penal, podemos concluir que o entulho autoritário de outras épocas ainda insiste em deixar a Constituição cidadã de lado para manter de pé o paradigma amigo/inimigo.

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20
Fev21

Clube Militar defende deputado Daniel Silveira e pergunta por Adelio que o governo Bolsonaro protege e esconde

Talis Andrade

Adélio Bispo de Oliveira é escoltado por policiais federais em aeroporto de Juiz

Polícia Federal dos governos Temer/Bolsonaro prende Adelio Bispo de Oliveira

 

O Clube Militar publicou uma nota sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira (PSL), que foi preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana, “sem entrar no mérito das palavras” dirigidas aos integrantes da Corte.

Daniel Silveira está sendo julgado pelas palavras de baixo calão. Pela apologia do ódio, da ditadura, da violência. Pelas ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ao Estado Democrático de Direito. Pelas ameaças golpista e de morte. Pela defesa da barbárie, do famigerado, nazi-fascista, cruel, desumano AI-5 contra a Paz, a Liberdade, a Democracia, a Fraternidade, a Igualdade, a Civilidade.

Os militares fizeram uma série de questionamentos, apontando para que tais práticas realizadas pelo STF (prisão de Daniel Silveira) deveriam ser exercidas também contra a esquerda. E indaga: "Por que ameaças abertas contra a vida do Presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável?". Uma pergunta que o Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro pode responder. E mais: "Por que os equipamentos do Adelio e de seus aliados não são periciados?" Pela incompetência da Polícia Federal e dos serviços de informação e inteligência do governo Jair Bolsonaro. Mais de dois anos de apuração, de inquirição, seguindo pistas, vestígios, e o governo bolsonarista não descobre neca de pitibiriba da vida de Adelio. Tudo que se sabe foi descoberto pelo jornalismo investigativo. Quem esconde e abriga Adélio Bispo de Oliveira é o governo federal. E o governo aliado de Minas Gerais. A oposição sempre quis saber por que Adelio treinava no mesmo clube de tiro dos filhos de Jair Bolsonaro? Por que Adelio atirador treinado preferiu usar um canivete para ferir de morte o então candidato a presidente? Por que preso por uma multidão fanática não foi linchado?  Por que certas mortes misteriosas seguem o rastro do Adelio. São crimes federais, investigados pelo governo Bolsonaro. Parece que Jair Bolsonaro e filhos Zero 1 senador, Zero 2 vereador do Rio de Janeiro, Zero 3 deputado federal preferem desconhecer ou esconder a verdade... Por que Adelio é proibido de dar entrevista à imprensa? Por quê?  Que médicos assinaram atestados da loucura de Adelio?  

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Contra a prisão do ex-soldado Daniel Silveira pelos poderes civis do Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados, o Clube Militar, saudoso dos anos de chumbo, atira o seguinte manifesto:

"Sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF, pelo Deputado Daniel Silveira, colocamos aqui algumas reflexões:

1. Por que outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro esquerda não são tratados como crime?

2. Por que ameaças abertas contra a vida do Presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável? [Qualquer pessoa que ameaça a vida do Presidente da República deve ser presa. O Clube Militar não cita nenhum nome...]

3. Por que a liberdade de expressão só se aplica a esses mesmos indivíduos de centro esquerda?

4. Por que esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do Presidente recebem alta prioridade nas investigações, enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra os próprios Ministros do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição? 

5. Por que o Ministro Marco Aurélio ameaçou os Deputados, dizendo que em caso de relaxamento da prisão do Deputado Daniel Silveira eles prestariam contas com o povo, nas urnas, em 2022? Quem informou ao ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF?

6. Por que os ilustres Ministros do STF pensam que apoiar o Regime Militar que foi instaurado a partir de 1964 é crime quando uma grande  parcela da população tem saudades daquela época? A Democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964....

7. Por que os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados? Esses, em sua grande maioria, enquanto puderem sustentar os melhores advogados, jamais cumprirão suas penas, podendo, inclusive, realizar passeios fora do Brasil, enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa (os de direita, é claro).

8. Por que os equipamentos do Adelio e de seus aliados não são periciados? [Faltou denunciar quais 'aliados'...]

9. Finalmente, para não citar outras dezenas de exemplos, o crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda é referente a ameaças verbais, ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil?"

 

 

 

16
Fev21

150 juristas lançam manifesto contra ameaça golpista do general Villas Bôas

Talis Andrade

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Por Mônica Bergamo

Um grupo de 150 juristas, defensores públicos e advogados brasileiros, além de outras personalidades, assinou um texto com críticas às falas de militares que antecedem o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF (Supremo Tribunal Federal).

A principal manifestação foi feita pelo chefe do Exército, Eduardo Villas Bôas. Na terça-feira (3), ele postou uma mensagem no Twitter afirmando que a corporação “compartilha o anseio dos cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia”.

A nota dos juristas diz que “as recentes manifestações que evocam atos de força configuram clara intimidação sobre um Poder de Estado, o Supremo Tribunal Federal. Algo que não acontecia desde o fim da ditadura militar. É urgente que os Poderes da República repudiem esse tipo de pressão. As falas veiculadas nas últimas horas por oficiais das Forças Armadas dificultam um julgamento isento e colocam em xeque a democracia. Não são pessoas que estão em jogo. É a República. É a democracia”.

Assinam a nota, entre outras personalidades, Lênio Streck, Celso Antonio Bandeira de Mello, Pedro Serrano, Tecio Lins e Silva, Flávio Dino (que é governador do Maranhão), Jose Eduardo Cardozo, Celso Amorim, Tarso Genro, Fernando Haddad, Cezar Britto, Carol Proner, Leonardo Yarochewski, Roberto Figueiredo Caldas, Mauro Menezes, Marco Aurélio de Carvalho, Alberto Toron, Antonio Carlos de Almeida Castro, a deputada Manuela D`Avila e o antropólogo Luiz Eduardo Soares.

16
Fev21

Gilmar reage ao deboche do general Villas-Bôas: "ditadura nunca mais"

Talis Andrade

democracia demo presidente zé de abreu guaibó

 

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, reagiu a um tuíte do general Eduardo Villas Bôas debochando do ministro Edson Fachin, que comentou em uma publicação do general da reserva, de abril de 2018, pressionando a Corte a não conceder habeas corpus ao ex-presidente Lula.

Nesta terça-feira (16), Villas Bôas comentou "três anos depois" em uma publicação de uma matéria sobre a reação tardia de Fachin.

Gilmar reagiu com duras palavras: "Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo responda-se com firmeza e senso histórico: Ditadura nunca mais!"

Gilmar Mendes
A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa república. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo responda-se com firmeza e senso histórico: Ditadura nunca mais!

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15
Fev21

E eis que o autoritarismo dá as caras

Talis Andrade

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Por Rafael Albuquerque /ConJur

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Acabo de ler a coletânea de artigos "Os advogados e a ditadura de 1964: a defesa dos perseguidos políticos no Brasil", indicação de um advogado que muito me inspira e diariamente me ensina. Alguns relatos chegam a encher de lágrimas os olhos de há muito incrédulos com tamanha barbárie.

Como bom idealista que sou e também entusiasta da liberdade, meu tema de Direito Processual predileto é o Habeas Corpus. Isso rendeu-me algumas boas horas de estudo sobre as hipóteses de cabimento, sua história e, particularmente, a restrição de seu uso com a entrada em vigor do Ato Institucional nº 5.

O texto do ato pode passar despercebido, embora contenha fortes indícios e explicações das finalidades obscuras almejadas em suas linhas. Não serei enfadonho com transcrições de dispositivos legais e nem reconstruindo as origens do remédio constitucional; consignarei apenas o cabimento de seu manejo em toda e qualquer situação em que a liberdade ambulatorial estiver violada, ou ameaçada de ser violada, direta ou indiretamente.

Por mais que soe óbvio, nem sempre foi assim, e a constatação acima possui reflexos relevantes na prática forense. A mera ameaça de violação à liberdade ambulatorial engendra um possível cenário de impetração de Habeas Corpus até mesmo quando o réu responder o processo em liberdade e a ameaça se refira à utilização de uma prova ilícita, por exemplo.

A jurisprudência, no entanto, tende a perfilhar outro caminho. O que se observa mais frequentemente é o indeferimento da petição inicial do writ (vulgarmente substituída pela expressão "não conheço do writ", como se de espécie recursal se tratasse) por meio da construção de uma jurisprudência defensiva quase impenetrável, consubstanciada no "não cabimento de Habeas Corpus substitutivo de recurso" e no enunciado de súmula nº 691/STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar").

O primeiro posicionamento jurisprudencial limita consideravelmente o manejo do remédio constitucional. É comum no sistema processual brasileiro que cada pronunciamento judicial possua uma via impugnativa correspondente. Dessa forma, um pedido de progressão de regime indeferido em primeiro grau não poderia ser objeto de Habeas Corpus porque é cabível o recurso de agravo em execução cujo processamento é muito mais demorado que o de um Habeas?

Além do mais, um Habeas Corpus não pode substituir um recurso, sobretudo porque ele não detém essa natureza jurídica; é uma ação autônoma de impugnação.

Quanto ao enunciado de súmula mencionado, note-se que uma decisão monocrática proferida por um relator é tão passível de ilegalidade quanto qualquer outro pronunciamento judicial. E se o indeferimento da liminar for indevido, cabe, sim, o manejo do Habeas Corpus.

O mais grave aspecto que reputo nas tendências jurisprudenciais da admissibilidade do Habeas Corpus é justamente a imposição de restrição onde a Constituição da República não pôs. A única restrição ao uso da ação impugnatória é em caso de prisão administrativa militar e só o é porque prevista do artigo 142, §2º da Lei Fundamental; lei nenhuma, e muito menos os tribunais, pode limitar a eficácia de norma constitucional, sob pena de subverter a supremacia da Constituição.

Ouvi uma vez um membro do Ministério Público dizer que o Habeas Corpus era um instrumento processual que havia sido deturpado. Buscar a liberdade de um preso por um ato que se entende ilegal via Habeas Corpus agora é deturpar o instrumento que, por excelência, visa à garantia da liberdade. Tempos estranhos.

Penso que isso é fruto de um fenômeno maior: o esvaziamento do devido processo em favor da eficiência processual. Permitir a prescrição de um crime? "Inaceitável essa impunidade", bradam. Respeitar a legalidade estrita? "Só favorece os ricos", choramingam. E deixar um cidadão discutir judicialmente ilegalidade por uma via célere? "Quem não deve não teme", dizem por aí. Todas as garantias viraram obstáculos à consecução da eficiência. No HC 176.473/RR, aliás, o ministro relator colacionou em seu voto a transcrição da exposição de motivos da Lei nº 11.596/07, que reflete bem o espírito desse tempo: "Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores", pois parece ter-se criado para o particular o dever de se resignar diante de sua condenação e não recorrer, mesmo que improvável sua absolvição. Eu posso e devo discutir questões jurídicas dentro da institucionalidade democrática, ou então já não vivemos numa democracia.

E, assim, imergimos cada vez mais na areia movediça da supressão das liberdades.

Interessante é que, em 1968, quando da edição do AI-5, que suspendeu o uso do Habeas Corpus [1], a justificativa era de que "atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la". Hoje, o pretexto de limitação da garantia do Habeas Corpus é a deturpação do processo penal, a finalidade protelatória dos instrumentos processuais e o assoberbamento do Poder Judiciário.

Veja que a premissa de que partiu o AI-5 e a atual — relativizar garantias constitucionais, visto que "mal usadas" (sic) pelos particulares, em especial "os poderosos" (sic) — são essencialmente as mesmas. O problema são os instrumentos jurídicos...

O ponto central é que não haverá uma ruptura institucional tão evidente quanto a do Dia da Mentira de 1964. O autoritarismo já está aí na recalcitrância em reconhecer nulidades, na jurisprudência defensiva em relação ao Habeas Corpus e na promiscuidade entre acusação e defesa. Parafraseando Jeanne Hughes em coluna no jornal Le Monde Diplomatique [2], é como se todos nós, após uma noite inteira de comemoração pela Constituição cidadã, houvéssemos acordado na manhã seguinte e notássemos que o autoritarismo servia o café. Só que essa ressaca já dura mais de 30 anos.

Essa eficiência supressora das garantias não é um fim em si mesma. Luís Roberto Barroso explica em um de seus livros que havia iniciado "intensa repressão, disseminada e anárquica, aos adversários da véspera, encambulhados todos sob o rótulo de 'subversivos ou corruptos'" [3].Conquanto a frase servira para caracterizar os primeiros anos da ditadura militar, o presente brasileiro não é diferente: tudo vale na caça à corrupção. Como bem observou diretor-executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe (Opalc) da universidade Sciences Po de Paris, em artigo publicado no The New York Times, também comentado em matéria da ConJur"os procuradores violaram o devido processo legal sem reduzir a corrupção." [4]

A percepção de muitos, contudo, ainda pende para a defesa da operação a partir de vieses maquiavélicos. O colunista Carlos Alberto Sardenberg, em artigo publicado pelo O Globo [5], reconheceu que "os dois (Sergio Moro e Deltan Dallagnol) não agiram pelas vias ortodoxas" e explica que essas vias "são os caminhos tortuosos para anular processos, não pela inocência dos réus, mas pelo tempo de prescrição e supostos equívocos formais". Mal sabe ele que a dita via ortodoxa chama-se Constituição, e ela não é apenas uma ninharia.

O jornalista teve ainda o arrojo de perguntar o que era pior: "o ativismo da Lava-Jato ou os conchavos brasilienses entre políticos, advogados e juízes?". Abstendo-me de comentar o imenso desrespeito exprimido pelo Judiciário e pelo Legislativo, digo que ambos são igualmente ruins. Não existe mal necessário. Necessário é acabar com o mal, que é esse autoritarismo brasileiro hereditário.

 


[1] "Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. BRASIL. Ato Institucional nº 5 de 13 de dez. de 1968. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dá outras providências". Art. 10. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 10.02.2021.

[2] HUGHES, Jeanne. Fantasmas em torno de uma “ofensiva chinesa” nas Nações Unidas. Le Monde Diplomatique, São Paulo, fev. de 2021.

[3] BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 31 e 32.

[4] "Lava jato" é o maior escândalo judicial da história brasileira, diz analista. Consultor Jurídico, 09 de fev. de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-fev-09/lava-jato-maior-escandalo-judicial-historia-analista>. Acesso em: 09.02.2021.

[5] SARDENBERG, Carlos Alberto. A velha política leva tudo. O Globo. Rio de Janeiro, 06 de fev. de 2021. Artigos.

14
Fev21

Tirem fardas, capas e togas para subir nas tribunas!

Talis Andrade

 

Defender a vida e julgamentos justos é dever de todos os que têm compromisso com a civilidade

por João Batista Damasceno

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As confissões que começam a ser publicadas em livro informando que o impeachment da ex-presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula tiveram articulação com os quartéis é faceta da história que precisa ser passada a limpo. Isto decorre da inacabada transição negociada ao fim da ditadura empresarial-militar. De tal articulação decorreu o conluio revelado pelo jornal The Intercept entre membros do Ministério Público, magistrados e empresas de comunicação. E isto deveria nos preocupar a todos.

Em julgamento a pedido de procuradores da República, que pretendiam impedir acesso a mensagens trocadas entre eles e o ex-juiz Sérgio Moro, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que as mensagens captadas ilegalmente por hackers e apreendidas pela justiça é da ciência de juízes, Ministério Público e polícia e que somente a defesa não tivera acesso. O ministro Gilmar Mendes citou artigo publicado no New York Times dizendo que a Operação Lava Jato “se vendia como a maior operação anticorrupção do mudo, porém se revelou o maio escândalo judicial da história”. Não sei se foi o maior escândalo judicial. Mas, é o melhor documentado.

Tudo o que fizeram é escandaloso. Pretenderam, pela via judiciária, incriminar e excluir grupo politico de participação do jogo democrático. O Estado brasileiro se comporta como se a liberdade fosse um “benefício concedido” a quem merece o agraciamento. Mas, a regra é a liberdade e somente em casos explicitados em lei pode ser excepcionada. Os cidadãos podem tudo o que a lei não proíbe. O Estado somente pode o que a lei manda. Este é um princípio republicano que ainda não foi ‘naturalizado’ entre nós. Não praticamos o princípio de que o poder emana do povo, cujo exercício pode ser direto ou por meio de seus representantes, de acordo com a vontade e interesses daquele.

Defender a vida e julgamentos justos é dever de todos os que têm compromisso com a civilidade. Precisamos tomar como parâmetro a atuação de Miguel de Unamuno, reitor da Universidade de Salamanca, que em 1936, deu resposta aos fascistas que sob o aplauso do general Milan-Astray, gritavam “Viva a morte!” enquanto ele defendia a vida, a Ciência, a Cultura, a razão e o Direito.

Unamuno dirigiu-se aos propagadores do ódio e lhes disse: “Acabo de ouvir o necrófilo e insensato grito de “Viva a morte!” (…). O general Milan-Astray é um inválido. Não é necessário dizer isso com um acento pejorativo pois é, de fato, um inválido de guerra. Cervantes também o foi. Mas extremos não servem como norma. (…) De um mutilado que careça da grandeza espiritual de Cervantes (…) é de se esperar que encontre um terrível alívio vendo multiplicarem-se os mutilados ao seu redor”.

E diante do general inválido (há sempre um general inválido tramando contra a democracia) arrematou: “Vencereis porque tendes sobrada força bruta. Mas não convencereis porque para convencer há que persuadir. E para persuadir lhes falta algo que não tendes: razão e direito”. Dias depois o ditador Francisco Franco demitiu Unamuno do cargo de reitor da Universidade de Salamanca. Em outubro de 2011, Unamuno foi reconduzido postumamente ao cargo do qual fora destituído pelos fascistas.

As reparações históricas são necessárias para evitar se repitam como farsa. Mas, igualmente as responsabilizações. O deputado Paulo Ramos propôs na Câmara de Deputados o projeto de lei instituindo o dever de reparação por demanda opressiva. O PL 90/2021 precisa ser aperfeiçoado para incluir os casos de assédio judicial individualizado e as condutas indevidas de agentes públicos, para importunar os cidadãos ou outros agentes públicos, em decorrência do cumprimento de seus deveres.

A transição que se fez para a democracia não pode conviver com os esqueletos insepultos da repressão que jazem nos esgotos e porões sombrios dos órgãos que serviram à repressão. Tampouco com a intromissão fardada nas instituições democráticas. Os que quiserem ocupar a tribuna da democracia que tirem suas fardas, capas ou togas e aguardem quarentena. Que não usem as instituições para promoção pessoal e defesa de interesses escusos. É uma deslealdade com a cidadania a ocupação dos cargos e postos para fazer política. É uma vilania, ante a desigualdade com os demais cidadãos.

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Nota deste correspondente: Tenho mais de 60 anos de jornalismo. Essa estória de deputado coronel, senador tenente é cousa dos tempos de chumbo. Ninguém designava bolsonaro como tenente ou capitão na imprensa. Foi 28 anos nomeado deputado. Legitimamente eleito. 

A imprensa vendida e safada hoje classifica vereador de comandante, pastor etc. Não sei se por considerar o cargo civil titica de periquita.

Nunca vi chamar marechal presidente do Brasil, general presidente do STF, do STJ, ou mesmo coronel presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Atualmente ninguém quer ser mais  chamado de deputado, de senador. E sim pelas profissões. Cabo, pastor, padre, juiz, procurador. Devia ser proibido um parlamentar no Congresso, nas assembléias, nas câmaras vestido de farda, capa, toga, veste sacerdotal. Ninguém usa macacão de operário, de cortador de cana, de porteiro, de profissões que recebem o salário do medo e da fome. 

Os piores parlamentares sempre são mais conhecidos pelas profissões que exerceram. Vale para presidente. Ninguém vai lembrar Juscelino médico, para um exemplo. 

13
Fev21

Silêncio, medo e omissão diante da confissão do general Villas Bôas: assim morre a democracia e avançam as ditaduras

Talis Andrade

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No livro recém lançado – General Villas Bôas, conversa com o comandante, organizado por Celso de Castro [FGV Editora] – o ex-Comandante do Exército confessou que a decisão de emparedar o STF para forçar a Suprema Corte a manter a prisão ilegal do Lula sentenciada pelo então juiz Sérgio Moro não foi uma decisão exclusiva dele, mas de todo Alto-Comando do Exército Brasileiro [EB].

O general afirma que naquele 3 de abril de 2018 “tínhamos a consciência de estarmos realmente tangenciando o limite da responsabilidade institucional do Exército”, mas mesmo assim agiram como agiram “até porque o conteúdo foi discutido minuciosamente por todos nós”.Image

Todos nós”, no caso, eram “os comandantes militares de área” que analisaram “o ‘rascunho’ [do conteúdo do twitter] elaborado pelo meu staff e pelos integrantes do Alto-Comando residentes em Brasília”.

Recebidas as sugestões, elaboramos o texto final”, explicou o general, acrescentando que “a nota foi expedida às 20 horas e 20 minutos” de 3 de abril de 2018.

Logicamente, desejávamos que a repercussão fosse imediata, mas fomos surpreendidos, sim, por ter sido veiculada logo em seguida, pelo Jornal Nacional”, explicou o “surpreso” general com a “incrível presteza” do principal noticiário da Rede Globo contra Lula.

Assumindo a prática de crime, Villas Bôas explicou que não consultou previamente o ministro da Defesa sobre a ameaça ao STF porque “se o informasse, ele se tornaria corresponsável” – no caso concreto, cúmplice do crime.

Villas Bôas justificou que também não consultou a Marinha e a Força Aérea porque “com ambos compartilhávamos total alinhamento de ideias”. O general relata que conversou “com o [general-ministro do GSI] Etchegoyen que já havia conversado com o presidente Temer, o qual se limitou a dizer ‘está bem’, aparentemente sem dar maior importância”.

Villas Bôas prevê que se o STF cumprisse a Constituição para impedir a prisão ilegal do Lula, haveria “uma enorme insatisfação da população”. Neste caso, disse ele, “é lógico que todos iriam olhar para o Exército, momento em que daríamos um exemplo de institucionalidade”; ou seja, interviriam ilegalmente na política.

Todas as citações acima da entrevista do general Villas Bôas constam das páginas 183 a 192 do livro, e comprovam o envolvimento político e institucional do Exército na conspiração para eleger Bolsonaro e instalar um governo militar no Brasil.

Surpreende que a confissão deste atentado do Exército à ordem constitucional do país tenha sido revelada no atual momento. Será uma ostentação de força, de poder e de controle total dos militares sobre a política e sobre a realidade nacional?

Ou será fruto da vaidade de um general-conspirativo em fim de carreira e já nos estertores da vida devido ao avanço de doença degenerativa, que decide publicar suas memórias, reposicionar sua biografia e repartir responsabilidades?

O historiador e notável estudioso de assuntos militares Manoel Domingos Neto pensa “que Villas Bôas quis deixar fixada sua versão do processo. Com isso, confessou muitos crimes contra a ordem democrática”.

Independente da motivação do Alto-Comando do Exército, o fato concreto é que o país está diante da confissão de um general do EB acerca de um crime previsto:

– no inciso XILV do artigo 5º da Constituição [constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático];

– nos “crimes contra as instituições democráticas” de InsurreiçãoGolpe de Estado e Conspiração definidos nos artigos 365, 366 e 367 do Código Penal;

– nos crimes de lesão ao “regime representativo e democrático” definidos na Lei de Segurança Nacional; e

– nos crimes de “insurreição armada contra os poderes do Estado” especificados na Lei de Crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social.

Na biografia de Michel Temer pôde-se conhecer a respeito dos encontros secretos dos generais-traidores Sérgio Etchegoyen e Villas Bôas, nomeados pela presidente Dilma, com o também traidor e usurpador Michel Temer/MDB, para tramarem o impeachment fraudulento dela própria, Dilma.

Do ponto de vista histórico, o general-traidor-conspirador Villas Bôas foi para Dilma Rousseff o mesmo que o general-traidor-conspirador Augusto Pinochet foi para o presidente chileno Salvador Allende.

Não por acaso, em 2 de janeiro de 2019, durante a posse do general Fernando Azevedo e Silva no ministério da Defesa, Bolsonaro agradeceu ao padrinho: “general Villas Bôas, o que já conversamos ficará entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui”.

Ainda mais escandaloso que a confissão de crime pelo ex-comandante do EB é o silêncio, a omissão e o medo das instituições [STF, PGR, OAB], dos partidos políticos e do Congresso acerca do crime confessado pelo general Villas Bôas.

Não foi pedido abertura de inquérito, não foi aberta investigação, não foi feita denúncia, não teve um único discurso no Congresso e não foi proposta CPI.

É ainda mais grave: os partidos políticos, as instituições e o Congresso sequer divulgaram notas oficiais a respeito deste que é o maior atentado ao Estado de Direito e à democracia no Brasil.

É com a letargia, o silêncio, a omissão e a covardia das instituições, dos partidos políticos e da sociedade que as democracias morrem e que avançam as ditaduras.

Neste ritmo, o Brasil dá passos largos no sentido de virar a chave do regime civil para o regime militar.

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13
Fev21

Casara: Procuradora que queria “atingir” a cabeça de Lula deixou claro que delações da Lava Jato foram fajutas

Talis Andrade

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“Definir o escopo do acordo é escolher aquilo que precisa ser dito pelo delator para o acordo ser fechado. Negocia-se, então, com os valores “liberdade” e “verdade”, sacrificando-se esta sempre que necessário ao atendimento do escopo do inquisidor”.

O juiz Rubens Casara é um dos autores mais importantes no campo jurídico brasileiro.

Ele escreveu Estado Pós-Democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis, no qual argumenta que o Direito foi capturado pela lógica do neoliberalismo.Imagem de Livro - Estado pós-democrático: Neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis

Publicou também Sociedade sem lei: pós-democracia, personalidade autoritária, idiotização e barbárie, ambos pela Civilização Brasileira.

Para Casara, na mensagem em que a procuradora Carol Rezende enviou a colegas da operação Lava Jato em 5 de março de 2016, há mais que o desejo de vingança expresso na frase “atingir Lula na cabeça”.

Um dia antes, o ex-presidente tinha sido alvo de condução coercitiva determinada pelo juiz federal Sérgio Moro.

Na mensagem, a procuradora disse que a Lava Jato não deveria assumir muitas brigas ao mesmo tempo.

“Se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarão contra a Lava Jato, não tenho dúvidas”, escreveu, sugerindo que em vez disso a operação deveria se voltar, se tanto, contra o ministro mais novo do STJ.

Segundo a mensagem, na opinião de Carol o ex-presidente Lula e o senador Renan Calheiros eram alvos absolutamente prioritários naquele momento.

Por isso, ela queria “definir melhor o escopo” das delações premiadas que estavam sendo negociadas com a Odebrecht.

Para Casara, a frase da integrante do MPF é reveladora: “Definir o escopo do acordo é escolher aquilo que precisa ser dito pelo delator para o acordo ser fechado. Negocia-se, então, com os valores “liberdade” e “verdade”, sacrificando-se esta sempre que necessário ao atendimento do escopo do inquisidor”.

O juiz é crítico da maneira como as delações premiadas foram “importadas” para o Brasil.

“A delação premiada, em especial diante da importação acrítica desse instituto e da utilização pervertida no Brasil, é uma espécie de fórmula mágica para gerar condenações sem provas. Valores historicamente ligados a uma visão minimante democrática de jurisdição, como a “liberdade” e a “verdade”, tornaram-se negociáveis. E isso é muito grave, porque a delação não passa de um negócio entre um imputado, muitas vezes um criminoso, e órgãos estatais que envolve vantagens para o primeiro em troca da informação considerada útil pelos segundos. E, no Brasil, tem-se considerado informação “útil” apenas aquela que confirma a hipótese acusatória e as certezas prévias dos inquisidores”, disse Casara em entrevista ao Consultor Jurídico /VioMundo

09
Fev21

"Lava jato" serviu para drenar recursos do Brasil

Talis Andrade

Obra vencedora do prêmio charge e do grande prêmio do Salão de Humor de Piracicaba 2019 — Foto: Evandro Luiz da Rocha

Em entrevista ao canal do YouTube do portal Brasil 247, o criminalista José Roberto Batochio, sócio do José Roberto Batochio Advogados Associados, disse que os procuradores do consórcio de Curitiba conspiraram contra os interesses nacionais sob forte influência norte-americana.

"Para que se implementasse esse tipo de operação no Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos treinou muitos procuradores e muitos juízes para difundirem essa filosofia de que caixa 2 é mais grave que estupro e do que assassinato. Porque esse dinheiro pode cair em mãos de inimigos da América, e que essas pessoas poderiam explodir a América... Essa filosofia ficou impregnada nesses procuradores e juízes brasileiros que foram treinados", afirmou. 

O advogado ainda falou sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e dos diálogos a que a defesa do ex-presidente Lula teve acesso que foram apreendidos pela PF no âmbito da operação apelidada de spoofing. 

 

Pergunta — Por que a OAB não se levantou contra a quebra da ordem democrática quando houve a deposição de ex-presidente Dilma Roussef? O que aconteceu com a OAB?
José Roberto Batochio — A Ordem dos Advogados do Brasil experimentou essas oscilações democráticas por conta da inibição de alguns dirigentes que nem sempre tiverem um perfil que tivesse fidelidade as origens e posturas da OAB. Com referência ao impedimento da presidente Dilma Roussef, houve um golpe. Ela não praticou nenhum crime de responsabilidade que pudesse conduzir ao seu impedimento.

Na OAB, o assunto foi discutido no plenário. Apenas uma bancada e dois votos de ex-presidente — o meu e o do Marcello Lavenere Machado — e de um conselheiro votamos contra o engajamento da Ordem quanto ao apoio ao impedimento de Dilma Roussef. Então nós fomos uma minoria. É preciso que a Ordem reencontre seus caminhos.

 

Pergunta — Você acredita que no futuro a OAB irá rever o seu papel nesse processo?
Batochio — É muito difícil dizer por que é impossível prever a configuração. Mas, se considerarmos os últimos 20 anos da OAB, vamos verificar que o atual presidente, o Felipe Santa Cruz, é o que mais perto chega do ideário e das tradições de nossa entidade de classe. Dado o seu compromisso com as ideias progressistas e a frequente discussão dos grandes temas nacionais. A gestão do Santa Cruz representa um passo no retorno aos bons e velhos caminhos da Ordem dos Advogados do Brasil.

 

Pergunta — O impeachment da ex-presidente Dilma foi influenciado por essas investigações criminais do guarda-chuva da operação "lava jato". E isso atingiu o direito de defesa. Esse ataque ao direito de defesa no Brasil já vem de muitos anos. Gostaria que você falasse sobre a importância do direito de defesa.
Batochio — Isso tem que ser contextualizado. A trajetória institucional de um país e a direção a que se destina depende de circunstâncias externas e não só internas. De certa maneira sempre existiu nação hegemônica no nosso planeta. O Neil Ferguson, professor visitante de Harvard e em Oxford na Inglaterra, descreve isso em seus livros com uma precisão história e cientifica elogiável.

O conhecimento humano nasceu no oriente. Os árabes dominavam a astronomia, a alquimia, a matemática. E a China também. Enfim... E de uma certa maneira influenciavam as outras nações. A ciência e o conhecimento humano acabaram migrando para a Europa. Vamos destacar na Europa a posição da Inglaterra. Eles dominavam os mares e saqueavam as riquezas do novo mundo. Depois participaram do tráfico de escravos. Depois foram contra esse tráfico e se dedicaram a outras atividades. Dominaram a Índia e a China até que com a insurreição desses países a Inglaterra acabou perdendo a sua hegemonia. Essa hegemonia se transferiu para os Estados Unidos.

Para que esse retrospecto histórico? Para demonstrar que hoje essa nação hegemônica quer que seus valores, a sua legislação e sua jurisdição sejam estendidas para todo o mundo. Isso eu pude ver na Câmara dos Deputados quando na Comissão de Constituição e Justiça recebíamos diversos estudos norte-americanos de propostas para um Poder Judiciário para América Latina.

Efetivamente vivemos hoje em que não só os movimentos políticos são de inspiração externa, mas é óbvio que esse golpe contra a Dilma e essa injustiça contra o ex-presidente Lula tem notória influência norte-americana. Os Estados Unidos têm grande influência no nosso ordenamento jurídico e consequentemente no nosso Estado Democrátco de Direito.

 

Pergunta — Como foi possível montar um tribunal de exceção em solo brasileiro. Sempre falamos que o Lula era um prisioneiro dos Estados Unidos em solo brasileiro. Isso parecia absurdo, mas recentemente um dos procuradores disse que a prisão do Lula era um "presente da CIA". Houve cooperação ilegal com o FBI e com autoridades da Suíça. Isso teve uma coluna que foi de Curitiba para o tribunal federal e depois para Brasília... Como foi possível instaurar uma jurisdição internacional dentro do solo brasileiro e suspender garantias constitucionais? Outro dia o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, disse que a presunção de inocência só foi suspensa para que o Lula fosse preso. Alguns dizem que foi um código penal processual russo. Como se fez isso em um país como o Brasil?
Batochio — Os Estados Unidos têm um problema sério de equilíbrio fiscal para manter a pax americana, esses tentáculos de influência em todo o mundo... É preciso de dinheiro. E eu venho notado que dada uma certa exaustão do contribuinte americano, eles optaram por um sistema heterodoxo de arrecadação. Eles passaram a utilizar a Justiça criminal como meio de arrecadar recursos e trazer divisas ao erário. É possível verificar na Justiça norte-americana um sem número de ações em que multas bilionárias são impostas contra empresas multinacionais como Toyota, Audi, Deutshe Bank... São muitas empresas que sofreram multas astronômicas sob pena de ver seus diretores sujeitos a uma ordem de prisão internacional.

Essa filosofia de arrecadação norte-americana está ligada também ao fato dos ataques do 11 de Setembro demonstrarem uma grande de fragilidade no sistema de defesa dos Estados Unidos. E estudando como isso foi possível as autoridades de lá chegaram à conclusão de que isso só foi possível pelo financiamento, pelos recursos econômicos que esses inimigos dos Estados Unidos puderam ter a sua disposição para com três ou quatro aviões quase explodir o país atacando centros nervosos de decisão. Começou-se a partir daí, por meio da lei de defesa do Estado norte-americano, a se exportar para o mundo uma orientação de que os ilícitos mais graves são o de origem econômica. Lavagem de dinheiro é apenada de forma mais grave que estupro no Brasil.

O Brasil é um país que tem o salário-mínimo de R$ 1.100 e temos multa em nosso Código Penal de US$ 1 milhão de dólares. Na legislação extravagante de combate às drogas temos multas de R$ 29 milhões. Eu não estou defendendo a minimização, mas isso não é uma realidade compatível com a estrutura socioeconômica do nosso país.Resultado de imagem para dinheiro estados unidos charges

Pergunta — A gente sente muito no Brasil por conta da destruição da imagem da Petrobras, mas outras empresas internacionais também sofreram e fizeram acordos de leniência. Ocorre que no Brasil além da penalidade econômica houve também a destruição do sistema político democrático. Foi uma operação muito mais complexa e bem-sucedida. Nesse sentido você diria que a "lava jato" foi uma operação que teve a finalidade drenar recursos do Brasil para os Estados Unidos e aqueles que nela se envolveram podem ter cometido crime de lesa-pátria?
Batochio — Eu acho que sim. E conspiraram contra os interesses nacionais indiscutivelmente. Um dos propósitos foi sim de natureza econômica. Tanto é que a Petrobras pagou uma multa de US$ 3 bilhões à Justiça norte-americana. E eu estou falando do acordo com o governo norte-americano e não das ações de classe que os investidores da Bolsa de Nova York seguiram demandando por um tempo.

Mas, o fato é que, sobretudo a destruição de um setor muito importante para nossa economia que é o da Construção Civil. O Brasil era o principal exportador desse tipo de serviço para África, para o Oriente... As construtoras brasileiras indiscutivelmente eram vitoriosas quando concorriam com empresas estrangeiras nessas grandes concorrências. Esse setor foi completamente dizimado pela "lava jato".

Temos a privatização do pré-sal. A relevância internacional da Petrobras também foi absolutamente erodida por esse movimento. E isso tem uma origem mais remota. Para que se implementasse esse tipo de operação no Brasil o Departamento de Justiça dos Estados Unidos treinou muitos procuradores e muitos juízes para difundirem essa filosofia de que caixa 2 é mais grave que estupro e do que assassinato. Porque esse dinheiro pode cair em mãos de inimigos da América, e que essas pessoas poderiam explodir a América... Essa filosofia ficou impregnada nesses procuradores e juízes brasileiros que foram treinados.

 

Pergunta — No dia de hoje a gasolina subiu 8%, o óleo diesel 6% e o preço dos combustíveis oscila conforme a cotação internacional feita em dólar. Ontem a Petrobras vendeu a refinaria Landulpho Alves na Bahia por US$ 1,5 bilhão. Os petroleiros afirmam que essa refinaria vale ao menos U$ 3 bilhões. Hoje os jornais informam que a Petrobras vai vender mais uma refinaria no Paraná. Daqui a pouco a Petrobras vira um ovo que é só a casca. A gema vem sendo transferida para o capital internacional. Pouca gente sabe da sua ligação com Leonel Brizola. De que você além de um grande jurista é também um grande nacionalista. Quando as pessoas vão enxergar que o Brasil vem sendo saqueado? Que essa operação empobreceu drasticamente o Brasil?
Batochio — Aos que cooperam nesse processo dolosamente. Quanto aos brasileiros que traem o seu país e cooperam para o deslanche desse processo de saque, essa questão não terá solução. Sempre estarão dispostos a fazer esse jogo por interesses econômicos ou de outra ordem.

Quanto aos que agem de forma culposa, por falta de consciência, a responsabilidade de mudar o quadro é da imprensa. Os órgãos de comunicação social é que tem o papel de levar a consciência desse fato que dizima as riquezas nacionais. E a imprensa nem sempre se mostra isenta nesse aspecto. Há setores que são coniventes com isso.Resultado de imagem para dinheiro estados unidos charges

Pergunta — Uma coisa é a acusação hipertrofiada. Outra coisa é um juiz fazer parte do time de acusação como se viu agora ou pelo menos de maneira tão explicita como o do ex-juiz Sergio Moro, que contesta no STF o uso dos diálogos da operação "spoofing". São conversas pornográficas e mostram como o réu é transformado em um inimigo a ponto de os procuradores zombarem do ex-presidente por ele ter perdido um dedo em um acidente de trabalho e o chamam de "nove". Qual a sua expectativa em torno da suspeição no STF?
Batochio — Acho que essa prova tem uma posição peculiar nesse contexto. Temos a operação "lava jato" cuja relatoria cabe ao ministro Edson Fachin porque ele mudou de turma para ser o relator uma vez que estava na 1ª Turma. Com a morte do Teori, a relatoria da "lava jato" deveria ficar na 2ª Turma para o ministro que viesse. Já a operação "spoofing" é uma outra coisa. Nasceu de uma investigação voltada para apurar a atuação de hackers que haviam violado a intimidade de autoridades.

O que aconteceu é que na operação "spoofing" a PF apreendeu um acervo de mensagens entre os membros da "lava jato". O que se deu acesso a defesa do ex-presidente Lula foi apreendido pela PF, que manteve a cadeia de custódia e que transcreveu esses diálogos de maneira oficial. Como objeto do crime da violação das autoridades grampeadas. Isso para "lava jato" é encontro fortuito de prova. Essas provas foram produzidas de forma acidental em outra operação. O que se discute no STF sobre o acesso e a publicidade desses diálogos não tem nada a ver com a operação "lava jato" que o ministro Fachin relata. Ele pode decidir se essas provas podem ou não ser usadas no âmbito da "lava jato", mas impedir que esses diálogos sejam publicizados é um juízo que não lhe compete.

A "lava jato" foi montada para ser parcial. Sob inspiração norte-americana e com propósitos deliberados. Com objetivos políticos e institucionais já pré-concebidos e exportados pelos Estados Unidos.

 

Pergunta — O que você diria para um jovem advogado? Para aqueles que estudam o Direito e viram nesse caso que o Direito foi transformado em um instrumento de dominação imperial de um outro país contra o Brasil? Quando o Direito é usado como instrumento de saque das riquezas nacionais por um outro país a pretexto de combater a corrupção?
Batochio — Eu diria que não há em uma democracia. Em um regime civilizado e de liberdade força que sobreponha a força do Direito. Rui Barbosa já dizia que não há salvação fora da lei. E eu quero dizer que não há civilização, não há democracia, não há liberdade, não há Justiça social, não há igualdade de oportunidades fora do ordenamento jurídico. Portanto, a mediação dos conflitos dentro da sociedade pela Justiça realizando o Direito Material é o único — pode não ser o ideal —, mas é o único caminho para que não nós afastemos da civilização. Mantenha sua crença no Direito. A Justiça e a operação do Direito é que pode preservar as liberdades de cada um de nós.

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